Parecía un asesinato ritual. El cadáver se encontró en la bañera de su casa, con las manos atadas a la espalda, síntomas de estrangulamiento y una venda en los ojos. Sobre una cama, fotos de su familia formando una figura geométrica. En otro piso que poseía en Lugo, la policía halló más pistas esotéricas: un retrato suyo tachado con una cruz y una especie de bomba incendiaria de fabricación casera preparada para estallar. Desde el 15 de julio de 1991 se produjeron varias detenciones, pero nadie ha determinado quién mató a Gerino Núñez, soltero, de 59 años, redactor de sucesos del periódico local El Progreso. El juez asegura que existe una sola hipótesis sin pruebas que la avalen. En la calle, la ausencia de resultados en las investigaciones ha alimentado toda clase de sospechas.El magistrado José Antonio Varela Agrelo, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Lugo, decreto el archivo provisional de las diligencias. No significa que el caso se dé por cerrado, pero sí el reconocimiento de que las indagaciones han llegado a un punto muerto. Varela Agrelo admite que hay muchas cosas que resultan extrañas, pero advierte que su decisión no se debe a ningún motivo raro, sino a que no hay pruebas. Sin citarlos, parece que trata de acallar los comentarios populares que afirman que la revelación del nombre del asesino desencadenaría un gran escándalo. Se referían al ya fallecido magistrado de la audiencia de Lugo y también nacido en Viveiro Modesto Perez que el vox popili decia que tenia algo que esconder.
En la mañana de aquel lunes veraniego todos en la redacción de
El Progreso se extrañaron de la ausencia de Gerino. Tras 16
años en la empresa, había dado muestras de ser metódico y
cumplidor, de los mas madrugadores. En la tarde anterior había
llamado desde su Viveiro natal donde pasaba el fin de semana: para
preguntar por las previsiones del día siguiente,
Tras el mediodía, seguía sin aparecer y sus compañeros se temieron lo peor. El director adjunto del diario, Ernesto Sánchez Pombo, llamó a su familia a Viveiro y se le comunicó que había salido temprano por la mañana. Hacia las ocho, una sobrina suya, con la que vivía en Lugo, encontró su cadáver. Todos quedaron horrorizados. Nadie podía imaginar que alguien de vida tan apacible terminase de aquel modo.
Aun en sucesos, la actividad profesional de Gerino era rutinaria, repartida entre las visitas a los juzgados y a la comisaría para buscar las notas de prensa. "No nos consta que estuviese investigando ningún asunto turbio y por eso yo nunca he creído que el crimen tenga relación con su trabajo", explico el director de El Progreso por aquellas fechas, José de Cora, quien destaca que muy pocas Veces se ha topado con un asesinato envuelto en circunstancias tan misteriosas.
La historia siguiente roza lo rocambolesco. Antes de que llegase el juez, la familia retiró el cuerpo de la bañera e incluso adecentó la casa. La primera autopsia ofreció datos inconcretos y tuvo que realizarse otra que determinó que había fallecido estrangulado. Casi ocho meses después se produjo el episodio más sorprendente: cinco personas, entre ellas un hermano y una sobrina, fueron detenidas por exhumar ilegalmente el cadáver.
Los familiares explicaron al juez que habían cambiado el cuerpo de nicho porque Gerino había expresado en vida su deseo de ser enterrado junto a sus padres. Los tribunales creyeron en su buena fe y, aunque se abrieron diligencias paralelas por la exhumación, el caso quedó archivado.
Ni siquiera se ha podido desentrañar el sentido de la enigmática
súplica que dos días antes de su muerte realizó Gerino a una monja
del convento de Valdeflores, en Viveiro: "Rece por mí, que
estoy metido en problemas muy gordos".
Si rocambolesca fue la exumación, más lo fue la detención cuatro años después de un delincuente habitual que de forma espontanea confesaba el crimen de Gerino Núñez. Era Emilio Pérez Vilarchao, que acababa de ser detenido como presunto autor de otros tres homicidios en su tierra natal, Asturias.
En septiembre de 1997, la Audiencia Provincial de Lugo le
condenaba a 20 años de prisión por el asesinato del periodista
lucense y poco después la Audiencia Provincial de Oviedo le imponía
65 años de prisión por los otros tres homicidios, fruto de un
ajuste por narcotráfico.
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